Saltar al contenido
RADIO ILIATENCO

Este es un proyecto en prueba. Esperemos que sea de su agrado.


DALE PLAY

Frases de Derecho en Latin

Tesis: XI.P.28 P (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020298        1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 12 de julio de 2019 10:19 h Tesis Aislada (Constitucional, Penal)
DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD PRIVADAS DE LA LIBERTAD. CUANDO LA SOLICITUD SOBRE MODIFICACIÓN O SUSTITUCIÓN DE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DURANTE EL PROCESO PENAL, INVOLUCRA EL ANÁLISIS DEL ACCESO AL GOCE DE TAL DERECHO, SE IMPONE AL JUZGADOR EL DEBER DE ALLEGARSE OFICIOSAMENE DE TODOS LOS ELEMENTOS DE PRUEBA NECESARIOS PARA VERIFICAR QUE EL ESTADO DE SALUD DEL PROCESADO, SEA COMPATIBLE CON ESA MEDIDA.

El derecho a la salud es de especial importancia para las personas privadas de su libertad en un centro de reclusión, ya que como no pueden satisfacerlo por sí mismas, el Estado se convierte en su único garante, como lo precisa la regla 24 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Respecto de las personas con discapacidad sujetas a prisión preventiva, se impone a las autoridades encargadas del proceso y de los centros de reclusión, el deber de hacer ajustes razonables para garantizar su disfrute en igualdad de condiciones, de forma que sea compatible con la dignidad humana reconocida en el artículo 5, numerales 1 y 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Así, cuando la solicitud de modificación o sustitución de prisión preventiva por otra medida, descansa en la condición del procesado de persona con discapacidad, el juzgador, a priori, no debe calificar la gravedad de su estado de salud, sino que está obligado a cerciorarse del tipo y grado de discapacidad que padece, el tratamiento adecuado para ésta, sus repercusiones en las actividades cotidianas, así como verificar que la prisión cuente con la infraestructura humana y material para brindar la asistencia médica acorde con sus necesidades particulares; esto, porque cuando el encarcelamiento no permite el ejercicio mínimo de los derechos básicos y se ponen en peligro la integridad personal y la vida, los Jueces deben revisar la pertinencia de otras medidas alternativas a la prisión preventiva, para garantizar la continuación del proceso. Por tanto, para resolver sobre dicha solicitud, el juzgador debe tener a la vista los datos necesarios para ponderar la compatibilidad de la discapacidad con la privación de la libertad; de lo contrario, debe ordenar la práctica de cuantas diligencias estime necesarias (pruebas periciales, inspecciones oculares, visitas, etcétera), a efecto de allegarse de todos los datos pertinentes, actuando con toda la diligencia para resolver de inmediato, y evitar que la dilación en el dictado de esa resolución lesione el derecho humano de acceso a la salud del procesado.

Amparo en revisión 359/2018. 11 de abril de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Liévanos Ruiz. Secretaria: Katia Orozco Alfaro.

Tesis: VII.1o.C.56 C (10a.) Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2020299        1 de 1
Tribunales Colegiados de Circuito Publicación: viernes 12 de julio de 2019 10:19 h Tesis Aislada (Constitucional, Civil)
DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA SOBRE DIVORCIO. EN RESPETO AL DERECHO DE AUDIENCIA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DEBE DARSE INTERVENCIÓN AL CÓNYUGE DEL PROMOVENTE, PARA QUE ESTÉ EN CONDICIONES DE IMPONERSE DE LAS CONSTANCIAS DE AUTOS Y EJERCER SU DERECHO DE OPOSICIÓN A ESE PROCEDIMIENTO, ASÍ COMO EN RELACIÓN CON LOS ALIMENTOS, LA LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD CONYUGAL Y LA SITUACIÓN DE LOS HIJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).
Si bien es cierto que para que proceda el divorcio basta la simple petición de uno de los cónyuges, sin que sea necesario que el otro externe su conformidad al respecto, pues así se colige de la jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.).
También lo es que ello no implica que tratándose de diligencias de jurisdicción voluntaria sobre divorcio, no proceda dar intervención al cónyuge del promovente, ya que debe tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, todas las autoridades jurisdiccionales de nuestro país, tienen el deber de otorgar el derecho fundamental de audiencia a los gobernados cuyos derechos se involucren o sean materia de discusión en el procedimiento respectivo, al margen de que este último sea de naturaleza contenciosa o de jurisdicción voluntaria, a fin de que estén en condiciones de alegar en su defensa lo que estimen pertinente, así como ofrecer medios probatorios y obtener una resolución que dirima los aspectos debatidos; máxime, que en torno a las diligencias de jurisdicción voluntaria, el propio Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en sus artículos 696 y 698, también regula, en lo medular, el respeto al derecho fundamental de audiencia de las personas cuya esfera jurídica se involucre en el asunto, pues prevén el derecho de oposición de parte legítima en cuanto a las cuestiones sometidas a la decisión judicial, señalando que, en ese supuesto, el negocio se seguirá en un procedimiento incidental, siempre que la oposición no se funde en la negativa del derecho del promovente y que, de ser así, se sustanciará el pleito conforme a los trámites establecidos para el juicio; igualmente, establecen que cuando sea necesaria la audiencia de alguna persona, se le citará conforme a derecho, quedando por tres días las actuaciones en la secretaría del juzgado para que se imponga de ellas; de lo que se sigue que en estricta observancia del artículo 14 citado, así como de los invocados numerales del código adjetivo civil, conlleva sostener que tratándose de diligencias de jurisdicción voluntaria sobre divorcio, el Juez del conocimiento debe otorgar el derecho de audiencia al cónyuge del promovente, notificándole la tramitación del asunto, para que esté en condiciones de imponerse de las constancias de autos y ejercer, en su caso, el derecho de oposición a ese procedimiento, exponiendo lo que a sus intereses conviniere; sobre todo porque en virtud del divorcio solicitado, deben resolverse las demás cuestiones familiares como son los alimentos, la disolución de la sociedad conyugal y lo relativo a la situación de los hijos; siendo tópicos que, por su naturaleza, implican que ambos cónyuges tienen derecho a alegar y ofrecer los medios probatorios que estimen convenientes al respecto.

Amparo en revisión 54/2019. 9 de mayo de 2019. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Andrés Alberto Cobos Zamudio.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 28/2015 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 10 de julio de 2015 a las 10:05 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 20, Tomo I, julio de 2015, página 570.